Consulta Pública para Propuesta de Nuevo Reglamento sobre Procedimiento de Cobranza Extrajudicial

Objetivo

El 8 de enero de 2018 se publicó la Ley N°21.062, que modificó el artículo 37 de la Ley N°19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (“LPDC”) e incorporó nuevas obligaciones para los proveedores de crédito y empresas de cobranza extrajudicial. Su objetivo fue reforzar los derechos de los consumidores, mediante mayores exigencias de transparencia y precisión en la entrega de información durante los procesos de cobranza, junto con resguardar la privacidad de los deudores y prohibir referencias a eventuales procedimientos judiciales.

Posteriormente, el 20 de abril de 2021, se publicó la Ley N°21.320, que también modificó la LPDC en materia de cobranza extrajudicial, estableciendo límites de contacto, principios de proporcionalidad, razonabilidad, justificación, transparencia y veracidad, además de horarios específicos para las gestiones de cobro y la obligación de poner término a estas una vez iniciado un procedimiento judicial o concursal. Ambas leyes establecen que los requisitos y condiciones de estas obligaciones debían ser regulados mediante un reglamento.

En este contexto, la propuesta de nuevo reglamento busca regular la forma, condiciones y requisitos para el cumplimiento de estas obligaciones en los procesos de cobranza extrajudicial para deudas vencidas e impagas de consumidores. Entre sus principales medidas, destaca que solo se podrán cobrar las actuaciones efectivamente realizadas, las que deberán quedar debidamente registradas, evitando así el cobro automático del límite máximo establecido en el artículo 37 de la LPDC. Además, se fijan contenidos mínimos de información que el proveedor deberá entregar al consumidor en cada actuación de cobranza, estableciéndose un formato único para esta comunicación. Finalmente, se fijan limitaciones a la forma de realización de las actuaciones de cobranza, incluyendo restricciones respecto de los destinatarios de dichas comunicaciones, como también otras condiciones que refuerzan la protección de los consumidores en esta materia.

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